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Diputados del Estado de México avalaron en comisiones sanciones de hasta 16 años de cárcel para quienes utilicen medios digitales para contactar a menores con fines sexuales. La propuesta aún debe ser votada en el Pleno.
Hoy, 20 de mayo, una cruz de madera fue colocada en el Parque de la Ciencia Fundadores como un símbolo contundente de la impunidad que persiste en el Estado de México.
En 2021, tras una condena al tercer agresor de Fátima, un tribunal negó el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito negó a sus padres el reconocimiento como víctimas indirectas, lo que anuló su derecho a una reparación del daño conforme a la ley. La Corte revisó esta decisión, al considerar que se trataba de un asunto constitucional de gran relevancia: el reconocimiento de las víctimas y la obligación de reparar integralmente el daño con perspectiva de género y el interés superior de la niñez.
Los datos revelan que ni siquiera se alcanzó una aprobación por legislador en cuanto a iniciativas o acuerdos.
El proceso de revocación de mandato no puede iniciar de oficio ni por presión mediática.
Movimiento Ciudadano propone reconocer legalmente los olores fétidos como una forma de polución atmosférica; responsabiliza al Estado y a empresas contaminantes por el daño social.
La propuesta busca revisar casos de personas condenadas por delitos menores, en los que existen indicios de penas desproporcionadas y posible fabricación de delitos.
Martínez Vargas solicitó que, al igual que en otras entidades como Morelos y Veracruz, se evalúe el desempeño de la Fiscalía del Estado de México, la cual, aseguró, no ha estado a la altura del reto.
Fraccionamientos invadidos, contratos de arrendamiento falsos, juicios civiles interminables y la inacción —o incluso complicidad— de autoridades locales han convertido al despojo en una práctica común y cada vez más violenta.
Para el penalista Rafael Santacruz Lima, la discusión no debe girar únicamente en torno a la severidad de las penas, sino en la prevención del delito. Para ello, dijo, es necesario buscar diagnósticos que busquen prevenir el delito, y no tanto sancionar o elevar penas. Asimismo, centrarse en la calidad de los procesos judiciales.
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