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El Congreso del Estado de México aprobó tipificar la violencia vicaria como delito, con penas de hasta ocho años de prisión, multas económicas y pérdida de la patria potestad para quienes utilicen a hijas o hijos u otras personas cercanas para dañar a una mujer.
El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México anunció que asumirá una defensa activa y coordinada para proteger los derechos político-electorales, vigilar procesos internos partidistas y prevenir la violencia política, incluida la digital.
La LXII Legislatura recibió una iniciativa para reformar el artículo 181 del Código Penal del Estado de México y ampliar los delitos cometidos por abogados que presenten pruebas falsas, simulen actos jurídicos o promuevan recursos improcedentes para retrasar juicios. Las penas alcanzarían hasta cinco años de prisión e inhabilitación profesional.
El Congreso del Estado de México prepara la expedición de una Ley de Salud estatal, inexistente como ordenamiento autónomo. La iniciativa busca dar sustento jurídico a la operación del modelo IMSS-Bienestar y armonizar la prestación de servicios médicos en la entidad.
A poco más de dos meses de que la usura fue tipificada como delito en el Estado de México, ya se han presentado más de 100 denuncias, principalmente en Ecatepec. La reforma permite castigar con hasta 15 años de prisión los préstamos con intereses abusivos y abre la puerta a denunciar incluso sin contrato.
En 2025, el mapa del feminicidio en el Estado de México cambió de forma significativa: Toluca desplazó a Ecatepec como el municipio con más víctimas, pese a contar con doble Alerta de Violencia de Género. Los datos oficiales revelan no solo un reacomodo territorial del delito, sino un patrón persistente de violencia que no logró contenerse con la política pública vigente.
El Congreso del Estado de México abrió un nuevo frente legislativo tras el Primer Parlamento LGBTTTIQNB+, donde se presentaron propuestas que implican cambios legales, nuevas obligaciones presupuestales y reformas en materia de salud, trabajo y derechos civiles.
El Congreso del Estado de México aprobó un paquete de reformas y nuevas leyes en materia de seguridad para fortalecer el combate a la extorsión, mejorar la búsqueda de personas desaparecidas y cambiar el modelo de investigación de los delitos, en un contexto marcado por la alta incidencia delictiva, la saturación de las instituciones y los rezagos en procuración de justicia.
El diputado Octavio Martínez Vargas prepara una iniciativa para agilizar la extinción de dominio de inmuebles ligados al narcomenudeo en el Estado de México, con el fin de que pasen más rápido a manos del Estado y los municipios y se utilicen en proyectos culturales, educativos y de atención a las adicciones, en un contexto de aumento en el consumo de drogas y rezagos en la política pública de prevención y tratamiento.
Al cierre del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura del Estado de México, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano logró la aprobación de una Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, mientras que el resto de las iniciativas que presentó continúan su trámite legislativo.
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