Cuestionan proceso de selección de jueces en Edomex
El caso ahora será analizado en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde el aspirante busca que se reconozca la irregularidad y se corrija el proceso.
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El caso ahora será analizado en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde el aspirante busca que se reconozca la irregularidad y se corrija el proceso.
A pesar de que a nivel nacional se ha reportado una disminución del 28.7 por ciento en el promedio diario de homicidios, esta tendencia no se refleja en la entidad, donde la violencia persiste como un problema grave.
Ambos tienen activas dos Alertas de Violencia de Género: la primera, por feminicidio, emitida en 2015, y la segunda, por desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, declarada en 2019. A pesar de estos mecanismos, las cifras oficiales reflejan que la problemática persiste.
Actualmente, el Código Penal estatal define como ultraje cualquier expresión o acción que implique ofensa o desprecio hacia servidores públicos o instituciones, con penas de uno a dos años de prisión.
La urgencia de estas designaciones surge tras la «Operación Enjambre», que reveló vínculos entre funcionarios públicos y grupos delictivos.
Del total asignado, 1 mil 277 millones 985 mil 671 pesos serán destinados a programas como “Función Pública y Combate a la Corrupción” y el “Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios”. No obstante, los resultados concretos aún están por verse.
En relación con la misma operación, la Fiscalía informó sobre la detención de dos funcionarios de Amanalco vinculados al secuestro y extorsión de la presidenta municipal por ministerio de ley.
Aunque el paquete, propuesto por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, descarta la contratación de deuda estatal y nuevos impuestos, se autoriza a los municipios contratar financiamientos.
La LXII Legislatura del Estado de México aprobó en comisiones una reforma para modernizar el control de medidas cautelares, reforzando la seguridad pública y el sistema de justicia penal.
El operativo fue liderado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y contó con el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y otras corporaciones estatales.