Aunque la intención de fortalecer a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) puede ser legítima, la vía propuesta en la iniciativa presentada por la diputda Ruth Salinas Reyes, del grupo parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso local —que plantea sanciones administrativas por el desacato de recomendaciones— podría no ser solo ineficaz, sino contraproducente.

Así lo advirtió Antonio Lara Duque, defensor de derechos humanos y coordinador del Centro Zeferino Ladrillero, quien alertó sobre una posible duplicación de funciones con el Tribunal de Justicia Administrativa.

«Podemos comprender la necesidad de fortalecer a este organismo público autónomo, pero no estamos convencidos de la forma. Plantear una sanción administrativa implica duplicar competencias, y eso genera más dudas que certezas», dijo en entrevista.

Los puntos clave de la iniciativa incluyen:

1. Sanciones Administrativas : Establece la posibilidad de imponer sanciones administrativas a las autoridades que no acaten las recomendaciones emitidas por la Codhem, lo que incluye multas o restricciones a los funcionarios responsables.

2. Proceso Administrativo : La propuesta plantea que el desacato sea tratado a través de un proceso administrativo en lugar de un juicio político, como se había planteado en iniciativas anteriores.

3. Fortalecimiento de la Codhem : La diputada también subraya la necesidad de otorgar mayores recursos y facultades a la Codhem para mejorar su eficiencia en la emisión de recomendaciones.

4. No Vinculancia : A pesar de las sanciones, la iniciativa mantiene que las recomendaciones de la Codhem no sean vinculantes, pero se busca que haya consecuencias claras para su incumplimiento.

Recomendaciones, la pieza que falta

Lara Duque recordó que antes de pensar en sanciones por desacato, el foco debe ponerse en la emisión misma de las recomendaciones.

«Francamente, el problema de la Codhem es anterior: ni siquiera hay una producción sólida de recomendaciones. No se trata solo de cantidad, pero en el Estado de México ni siquiera tenemos ese umbral mínimo», subrayó.

El experto también apuntó que, salvo que haya algún registro que lo contradiga, en la entidad no existen precedentes de autoridades presentadas ante el Congreso por desacatar una recomendación de la Codhem.

«Aunque la ley establece que la comisión puede girar al Congreso los casos de desacato, incluso para juicio político, eso en la práctica no ocurre. Es letra muerta».

¿Un riesgo de judicialización?

La iniciativa, que busca mantener el carácter no vinculante de las recomendaciones pero imponer sanciones por no acatarlas, podría derivar en una judicialización del trabajo de la Codhem, advirtió Lara Duque.

«Para que exista una sanción, debe haber obligatoriedad. Y si es obligatoria, entonces las autoridades tendrían derecho a impugnar ante un tribunal. Eso nos saca de la vía no jurisdiccional y nos mete en una ruta judicial», explicó.

Esta ruta, añadió, haría que la Codhem litigue contra autoridades, debilitando su naturaleza de órgano autónomo que actúa como contrapeso institucional.

¿Qué autoridades desestiman las recomendaciones?

Aunque no existen cifras claras ni públicas, Lara Duque aseguró que las principales autoridades que suelen ignorar las recomendaciones son las municipales, particularmente las policías preventivas. También mencionó a la Fiscalía General de Justicia y al sistema penitenciario estatal.

¿Y los casos de impunidad?

El defensor señaló que no conoce casos en el Estado de México donde una recomendación haya sido rechazada explícitamente, pero aclaró que eso no es porque las autoridades sean disciplinadas, sino porque simplemente no hay recomendaciones suficientes para que eso suceda.

«Lo que se necesita es un Codhem fuerte, con músculo político-institucional, que esté hombro a hombro con la ciudadanía. No una que emita pocas recomendaciones y pase inadvertida».

¿Cómo garantizar el cumplimiento?

Lara Duque insistió en que la clave no está en hacer vinculantes las recomendaciones, sino en lograr que la comisión tenga legitimidad pública y autoridad moral.

«La Codhem tiene que convertirse en un referente de protección de derechos humanos en el Estado. Hoy, lamentablemente, no lo es», sentenció.

Agrega que la Codhem debería tener presencia no solo local, sino proyectarse a nivel nacional e internacional, acorde con la dimensión poblacional y política del Estado de México.