En el Pleno del Congreso del Estado de México, se denunció la discriminación hacia personas con discapacidad durante un foro celebrado la semana pasada.

El evento, realizado en el marco del Día Nacional contra la Discriminación, reunió a grupos vulnerables como indígenas, afrodescendientes y personas con diversas discapacidades. Estos enfrentaron múltiples obstáculos logísticos.

La diputada Ruth Salinas, de Movimiento Ciudadano, detalló que el foro se programó inicialmente en el Salón Benito Juárez, un espacio accesible por su cercanía a la entrada principal y sus rampas para personas con movilidad reducida. Sin embargo, el lugar fue negado con el argumento de que habría otros eventos.

En su lugar, se reasignó al Salón Narciso Bassols, un sitio más alejado y menos adecuado para personas con discapacidad motriz. Pese a la justificación, el Salón Benito Juárez permaneció sin actividad el día del foro.

Salinas también denunció que se rechazó la solicitud de un intérprete de lengua de señas, necesario para la inclusión de personas sordas.

Aunque durante el foro aparecieron intérpretes en pantalla tras señalar la falta de este servicio, la negativa fue confirmada posteriormente en un oficio oficial. Además, se reportó la ausencia de servicios básicos como agua y café para los asistentes.

Durante la sesión, se cuestionó si estas decisiones tenían motivos políticos, de género o raciales, ya que el foro fue organizado por la oposición.

Los  y las legisladoras del partido Movimiento Ciudadano  desplegaron carteles para visibilizar la exclusión y señalaron que el Congreso, autodenominado «Casa del Pueblo», debe garantizar la inclusión de todos los sectores.

La legisladora solicitó un informe detallado de los gastos del Congreso en los primeros 48 días de la Legislatura, que cuenta con un presupuesto superior a los dos mil millones de pesos para este año.

Finalmente, hizo un llamado a evitar que hechos como estos se repitan y a garantizar un trato digno y accesible en todas las actividades legislativas.