La DEA también actúa intencionalmente para influir en las decisiones políticas de México. Seguramente desde antes, pero este reportero recuerda muy bien que en mayo de 1986 dos de sus agentes intentaron filtrarle una carpeta negra, rebosante de inventos e insidias, para influir en la sucesión presidencial de México. Ahora, sus acciones contra el General Rafael Cienfuegos ya causaron daño al emponzoñar la confianza entre el ejército y el presidente López Obrador.

La sorpresiva detención el 15 de octubre en Estados Unidos del exsecretario mexicano de la Defensa sacudió todos los ámbitos de decisión y opinión política de México sobre todo porque no se informó a las autoridades mexicanas y por supuestas investigaciones en rededor de un cartel de drogas poco trascendente. El juicio todavía no comienza y ya logró efectos negativos hasta en la relación entre ambos países que viven momentos preelectorales. Estaba calculado. Eso es parte de la manera de operar de la agencia estadunidense, además de subrepticia, invasiva y en mucho ilegal.

Aquella intentona

En la segunda semana de mayo de 1986, dos agentes de la DEA (Drug Enforcement Administration), Héctor Berrellez y Antonio Garate Bustamante de origen mexicano, pidieron una reunión con el grupo de investigación del asesinato de Manuel Buendía Tellezgirón que se formó en Excélsior y que dirigía este reportero. Querían “un intercambio de información”. La historia quedó impresa así, en el libro Zorrilla (Edit. Planeta, 1989):

— Sabemos que Excelsior ha movido mucho el agua sobre el caso Buendía, pero también que no ha podido comprobar nada— Afirmaron antes de proponer el intercambio.

— Nosotros (la DEA) necesitamos saber detalles y nombres sobre los tres túneles que está construyendo Rafael Caro Quintero para fugarse. Ustedes, con credencial de periodistas, se pueden acercar a otra gente que nosotros no hemos podido y conseguir más datos.

En esa segunda semana de mayo nadie sabía nada de que se estuvieran haciendo túneles en la reclusión del narcotraficante sinaloense. Eso trascendió hasta junio y no fueron tres sino dos túneles.

La “propuesta” continúo:

— Si ustedes nos ayudan les pasamos esto—y pusieron a la vista un grueso legajo de papeles contenidos en un folder de cartón grueso que en la pestaña decía: DEA/Buendía.

Les respondieron:

— ¿Qué averiguaron ustedes que nosotros no tengamos? — (Habían pasado dos años del crimen contra el columnista).

— Es algo muy grueso. Pero no lo diremos ahora. Dando y dando. Nosotros ya resolvimos el caso—presumieron los agentes mexicoestadounidenses. 

Se realizó una segunda reunión. El grupo de periodistas les demandó un avance de su conclusión y, sin mayores resistencias, les dijeron mientras señalaban el expediente negro:

— Aquí se comprueba que Zorrilla planeó la ejecución del periodista Buendía por órdenes del secretario de Gobernación para impedir que denunciara todo lo relativo al narcotráfico…– 

Los interlocutores de Excélsior convocaron a todo el grupo de investigación del Caso Buendía y evaluaron también con los directivos del diario varios puntos que los hacían desconfiar de la “oferta tan diligente”:

* Si la DEA ya sabía de los túneles de Caro Quintero no necesitaba el auxilio de Excélsior;

* Si ofrecían su “investigación” tan fácilmente era porque estaban interesado en divulgar esa conclusión;

* Eran tiempos en que la lucha entre varios secretarios de Estado, por colocarse como candidatos a la Presidencia de la República, era ya sin freno.

(Competían: Sergio García Ramírez, Alfredo del Mazo, Ramón Aguirre, Miguel González Avelar y el más mencionado era Manuel Bartlett, Secretario de Gobernación).

La respuesta a la DEA fue negativa ese mayo de 1986. Su expediente negro era tan sólo uno de los siete que existían entonces alrededor del Caso Buendía, todos con hipótesis descabelladas y muchos datos inventados. Pero el de la DEA era peor porque rebosaba de transcripciones de notas de prensa, como lo confirmó este reportero cuatro años después.

También invasores

Este reportero viajó después a Los Ángeles, California en 1990 cuando se supo que el gobierno mexicano había solicitado la extradición de esos dos agentes de la DEA, Héctor Berrellez y Antonio Garate Bustamante por ser los responsables del secuestro en Guadalajara del doctor Humberto Álvarez Machain.

El servicio de noticias del diario Los Ángeles Times y el Washington Post había informado:

“Álvarez Machain fue secuestrado en su oficina el 2 de abril de 1990, con los ojos vendados y trasladado en avión a El Paso, Texas, donde fue arrestado por agentes de la DEA al día siguiente. El secuestro, llevado a cabo por un grupo de siete mexicanos, entre ellos algunos policías, llevó a funcionarios mexicanos a denunciar a Estados Unidos por violar su soberanía y amenazar con cortar la cooperación antidrogas.”

“En una audiencia judicial el 25 de mayo en Los Ángeles, Berrellez testificó que, con la aprobación de altos funcionarios de la DEA, autorizó al exagente antidrogas mexicano Garate a organizar el secuestro de Álvarez Machain y pagar una recompensa de 50 mil dólares más gastos a sus secuestradores.”

Se gestionó una entrevista para Excélsior con esos dos extraditables. Aceptaron la entrevista, pero condicionaron que se hiciera en la oficina de la DEA.

Allí, en lugar de conversación el reportero fue trasladado a una sala de interrogatorios y tratado, sin previo aviso, como “testigo” del caso Enrique (Kiki) Camarena, de los asesinatos de varios periodistas en México y de la presunta “responsabilidad de altos funcionarios mexicanos”.

El intercambio de preguntas y respuestas fue altisonante, entre otras razones por las muchas mentiras evidentes de los agentes de la DEA y porque sus “investigaciones” se basaban enrecortes de prensa.

Este reportero fue rescatado por el entonces cónsul mexicano en los Ángeles, José Ángel Pescador Osuna.

Los medios de Estados Unidos informaron después de ese otro invento de la DEA: “… el juez Edward Rafeedie, que se encargó del caso, consideró que no se habían presentado suficientes pruebas contra Álvarez Machain como para abrir un proceso en su contra.” Los responsables de su secuestro no fueron castigados.

Sus “investigaciones” contra el mexicano secuestrado fueron tan falsas como su expediente Buendía. 

Estos son dos hechos comprobables de cómo opera la DEA en México. Y debe haber más casos porque aumentó su influencia y el número de sus agentes.

107 agentes en 11 oficinas en México.

A fines de 2019, el diario digital mexicano Eje Central difundió datos del crecimiento de esta agencia en México. Bajo la firma de María Idalia Gómez y Jonathan Nácar se informó:

“… la agencia estadounidense cuenta con 11 oficinas ubicadas en nueve estados del país, incluso en aquellos en los que no hay consulados, y han desplegado 107 funcionarios, de los cuales el 21 por ciento son administrativos y el resto analistas de inteligencia e investigadores de campo.

“En estos informes no se precisa si los agentes están armados o no, tampoco se incluye a los que viajan de forma intermitente a México como apoyo o para indagatorias específicas.

“Para poder investigar a los cárteles en toda la ruta de trasiego de drogas, las oficinas de la DEA en México se complementan con las ocho que existen en Centroamérica, y que también han crecido en cuanto a número de agentes, reportando en este momento a 59, sólo 10 de ellos administrativos, el resto es personal de inteligencia e investigación.”

Intencional

Como se sabe la DEA detuvo al general Rafael Cienfuegos cuando llegó con su familia a Los Ángeles, California sin haber informado a nadie del gobierno mexicano, como lo establecen los tratados de cooperación. Uno de los efectos buscados con esta acción ya se cumplió: distanciar al ejército con el Presidente.

Lo verificó el columnista Salvador García Soto, quien normalmente cuenta con fuentes confiables. En su columna sindicada del 29 de octubre aseguró:

Lo que llevó al presidente López Obrador a rectificar su posición original en torno a la presunta culpabilidad del general Cienfuegos, cuya detención en un principio mencionó como “muestra inequívoca de la descomposición del régimen”, fue la enorme presión que se generó en las Fuerzas Armadas, en donde generales retirados y algunos en activo, cuestionaron que el Gobierno de México validara, sin conocer pruebas ni la investigación, las acusaciones estadunidenses en contra de un exsecretario de la Defensa del país.

“Las expresiones de descontento y desánimo entre las cúpulas militares por la posición inicial del Presidente, hicieron que López Obrador replanteara el tratamiento del asunto y decidiera primero exigir pruebas al Gobierno de Estados Unidos, antes de validar un proceso judicial que aún genera dudas sobre su solidez y veracidad en México”.

Otra vez, la ponzoña de la DEA para influir en México. Y de nueva cuenta actúan en tiempos preelectorales en ambos países.