La distribución de funciones dentro del Poder Judicial del Estado de México es el eje de una iniciativa que plantea modificar su Ley Orgánica. La propuesta busca precisar qué atribuciones corresponden al Tribunal Superior de Justicia, al Órgano de Administración Judicial y al Tribunal de Disciplina Judicial, así como corregir posibles duplicidades y vacíos en la legislación vigente.

EL CAMBIO DE FONDO
Tres órganos, atribuciones diferenciadas
Tribunal Superior de Justicia
Conoce y resuelve los asuntos judiciales conforme a las competencias que establece el marco jurídico.
Órgano de Administración Judicial
Se encarga de las funciones administrativas del Poder Judicial, así como de la organización y gestión de sus recursos y servicios.
Tribunal de Disciplina Judicial
Tiene atribuciones relacionadas con la responsabilidad administrativa y la vigilancia del desempeño de las personas juzgadoras.
La iniciativa busca delimitar las competencias de estos órganos y evitar que una misma facultad quede asignada a distintas instancias.
Entre los cambios propuestos están las reglas para autorizar licencias, cubrir ausencias y atender vacantes de magistraturas y juzgados. También se busca precisar quién interviene en las sustituciones y qué autoridad debe resolver cada supuesto.
El proyecto distingue entre las licencias de integrantes del Tribunal Superior de Justicia, personas juzgadoras y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, con procedimientos y autoridades diferentes según el cargo y el tiempo de ausencia.
También plantea ajustes a las disposiciones sobre impedimentos, excusas, recusaciones y conflictos de competencia, con el propósito de homologar criterios y precisar la intervención de los órganos judiciales.
En la estructura administrativa, uno de los cambios consiste en trasladar la Dirección General de Apoyo a la Función Jurisdiccional al Órgano de Administración Judicial, junto con las unidades y los recursos correspondientes. La propuesta busca que esta área quede adscrita a la instancia responsable de la administración institucional.
¿Qué otras áreas se modificarían?
Otro componente de la propuesta es la modificación del régimen de responsabilidades administrativas.
Aquí el proyecto busca separar las funciones de investigación, substanciación y resolución de los procedimientos, además de precisar qué autoridad debe conocer de las faltas según el tipo de personal y su gravedad.
Así se distribuirían las responsabilidades administrativas
Esquema del procedimiento planteado en los artículos 307 y 308 propuestos.
FALTAS NO GRAVES
Investiga, substancia y resuelve.
FALTAS GRAVES
Investiga y substancia el procedimiento.
Resuelve en primera instancia.
Substancian y resuelven en primera instancia las responsabilidades administrativas.
La exposición de motivos también cuestiona que la ley vigente clasifique la conducta de “incurrir en corrupción” como falta no grave.
El promovente sostiene que esa clasificación debe revisarse frente al marco general de responsabilidades administrativas, que contempla como graves conductas como cohecho, peculado y desvío de recursos.
La evaluación de las personas juzgadoras es otro de los aspectos que se modificarían. El proyecto propone establecer criterios mínimos para revisar el desempeño de magistradas, magistrados, juezas y jueces electos durante su primer año de ejercicio.
Cinco criterios para evaluar a las personas juzgadoras
La iniciativa también modifica la designación de la persona titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño. Propone que sea nombrada directamente por el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial, en lugar de que la designe el Órgano de Administración Judicial a propuesta de ese Pleno.
También distingue entre la evaluación del primer año y las posteriores evaluaciones de seguimiento. Estas últimas tendrían carácter informativo y, conforme al texto identificado, no darían lugar a las medidas correctivas o sancionadoras previstas para la evaluación inicial. Si se detectaran posibles faltas administrativas, se daría vista a la unidad investigadora correspondiente.
En materia de carrera judicial, la iniciativa también plantea distribuir tareas de evaluación entre el Órgano de Administración Judicial y la Escuela Judicial, así como precisar requisitos y responsabilidades de las áreas encargadas de la capacitación y evaluación del personal.
La reorganización incluye ajustes a la Contraloría Interna, al registro de declaraciones patrimoniales y a las reglas de funcionamiento de las áreas judiciales. En el Órgano de Administración Judicial se proponen cambios para precisar el desarrollo de sus sesiones, las votaciones y el registro de acuerdos.
¿Por qué se plantea actualizar la ley antes de la próxima elección?
La iniciativa vincula la necesidad de adecuar el marco jurídico con el proceso de transformación del Poder Judicial. En su exposición, el promovente recuerda que las convocatorias para la siguiente elección judicial deberán publicarse a más tardar el 30 de abril de 2027, con miras a los comicios previstos para el primer domingo de junio de 2028.
El argumento es que la legislación debe precisar las atribuciones y procedimientos de los órganos judiciales antes de que avance el siguiente proceso electoral.
La propuesta también señala que no se crearían nuevos órganos, plazas ni unidades administrativas y que los cambios se instrumentarían con los recursos humanos, materiales y presupuestales existentes, sin erogaciones adicionales.


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