Para millones de personas que destinan una parte de sus ingresos al pago de una vivienda, el aumento anual de la renta podría dejar de depender de la decisión unilateral del propietario.

Una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado de México propone establecer que ningún incremento supere la inflación del año inmediato anterior, además de registrar los contratos y garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad.

La propuesta busca reformar el Código Civil y la Ley de Vivienda del Estado de México para reconocer el arrendamiento como una modalidad legítima de acceso a una vivienda digna y establecer reglas que protejan tanto a quienes rentan como a quienes ofrecen inmuebles en alquiler.

El diputado Octavio Martínez Vargas, de Morena, presentó la iniciativa durante la sesión ordinaria de la LXII Legislatura. El legislador sostuvo que la regulación es necesaria ante los incrementos desproporcionados de las rentas, la falta de condiciones adecuadas en algunos inmuebles y la incertidumbre que enfrentan las familias cuando necesitan renovar o terminar sus contratos.

Un millón de viviendas están en arrendamiento

La dimensión del problema se refleja en las cifras expuestas por el legislador: el Estado de México cuenta con 5 millones 232 mil 428 viviendas, de las cuales aproximadamente un millón se encuentran bajo el esquema de arrendamiento y son ocupadas por cerca de 3 millones 700 mil personas.

Esto significa que alrededor del 19 por ciento de la población mexiquense depende de una vivienda rentada, una condición que, de acuerdo con el planteamiento legislativo, requiere mayores garantías jurídicas y protección frente a posibles abusos.

Martínez Vargas señaló que muchas familias destinan los ingresos de uno o varios de sus integrantes para cubrir la renta y mantener la estabilidad de su hogar. Sin embargo, cuando llega la renovación del contrato, pueden enfrentar incrementos que superan sus posibilidades económicas y las obligan a buscar otra vivienda o permanecer en el mismo lugar pese al aumento.

El problema también involucra las condiciones físicas de los inmuebles. La iniciativa plantea que los propietarios tengan la obligación de entregar y mantener espacios con los servicios básicos y las condiciones necesarias para garantizar su habitabilidad.

Registro digital y aviso de 90 días

Uno de los componentes centrales de la propuesta es la creación de un Registro Digital de Contratos de Arrendamiento, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, mediante el Sistema Estatal de Vivienda.

Los contratos deberán inscribirse dentro de los 30 días hábiles siguientes a su celebración. El registro permitirá contar con información sobre las viviendas destinadas al alquiler y dar mayor certeza a las relaciones entre propietarios e inquilinos. La iniciativa establece que no tendrá carácter público.

También propone que los contratos especifiquen el monto de la renta, el lugar y la fecha de pago, así como la disposición expresa de que cualquier incremento, al momento de renovar el acuerdo, sea igual o inferior a la inflación reportada por el Banco de México durante el año inmediato anterior.

En cuanto a la terminación del arrendamiento, la iniciativa establece que tanto el propietario como el inquilino deberán comunicar por escrito su intención de concluir el contrato con al menos 90 días naturales de anticipación.

Esta disposición también aplicaría cuando el contrato se haya prorrogado de manera tácita, con el propósito de evitar que alguna de las partes enfrente una desocupación inesperada o carezca del tiempo necesario para organizar su siguiente decisión habitacional.

La propuesta aún debe discutirse

El planteamiento legislativo también contempla que, cuando no se establezca un plazo en el contrato, se considere el máximo previsto en la legislación vigente para inmuebles urbanos destinados a casa habitación, que es de tres años.

Asimismo, busca ampliar las atribuciones de las autoridades estatales y municipales para incorporar el arrendamiento digno a las acciones de política habitacional, además de promover alternativas para las personas que no tienen acceso a financiamiento hipotecario.

Durante su exposición, el diputado aclaró que la iniciativa no contempla establecer un tabulador de precios por zonas o municipios. El objetivo es fijar en la legislación un límite para los incrementos anuales, tomando como referencia la inflación.

La iniciativa deberá analizarse y seguir el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en una disposición vigente. Por ahora, sus planteamientos representan una propuesta de modificación al marco jurídico estatal, no una obligación que ya puedan exigirse a propietarios e inquilinos.

El debate de fondo será si estas modificaciones consiguen traducirse en mecanismos efectivos de protección para quienes destinan una parte importante de sus ingresos a pagar una vivienda y si el registro propuesto permitirá supervisar el cumplimiento de las nuevas reglas.