Mientras los registros oficiales acumulan 440 feminicidios y 56,104 lesiones dolosas contra mujeres en México entre enero y agosto de 2026, la Red Nacional de Refugios (RNR) advierte que el presupuesto federal propuesto para estos espacios en 2027 crecería apenas 0.66 por ciento, un aumento inferior a la inflación proyectada.

El contraste coloca frente a frente la dimensión de las violencias que enfrentan las mujeres en el país y los recursos destinados a los espacios especializados de protección, en momentos en que la Cámara de Diputados analiza el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027.

De acuerdo con el Informe de Violencia contra las Mujeres del SESNSP, con corte al 31 de agosto, durante los primeros ocho meses del año también se registraron 988 homicidios dolosos de mujeres, además de 2,071 homicidios culposos y 15,629 lesiones culposas.

En materia de violencia sexual, el mismo periodo acumuló 13,623 víctimas mujeres de violación simple y equiparada.

A estos registros se suman 187,675 carpetas de investigación por violencia familiar en todo el país. En este último indicador, la cifra corresponde a carpetas con víctimas de ambos sexos y no representa exclusivamente casos de mujeres.

El conjunto de datos muestra la magnitud del fenómeno que enfrentan las instituciones encargadas de prevención, atención, procuración de justicia y protección.

Refugios atendieron a más de 6 mil personas

En este contexto, la Red Nacional de Refugios reportó que 6,084 mujeres, niñas, niños y adolescentes fueron atendidos entre enero y agosto de 2026.

La información del Sistema de Información e Indicadores de la RNR (SIILGE) revela además que 84 por ciento de las niñas, niños y adolescentes atendidos fueron agredidos por la misma persona que ejercía violencia contra su madre.

El nivel de riesgo también aparece en otros indicadores: 43 por ciento de las personas agresoras utilizó armas y 37 por ciento tenía antecedentes penales, de acuerdo con los registros de la organización.

Para la RNR, estas cifras evidencian que los Refugios requieren capacidad para responder a situaciones de violencia que pueden involucrar riesgo extremo, violencia familiar y agresiones contra mujeres y sus hijas e hijos.

“Los Refugios salvan vidas, pero nuestra responsabilidad no termina cuando una mujer está a salvo”, señaló Wendy Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios.

La representante sostuvo que la protección constituye apenas una parte del proceso, pues posteriormente se requieren condiciones para recuperar derechos y construir autonomía, entre ellas vivienda, salud, justicia, cuidados y autonomía económica.

El presupuesto crecería menos que la inflación

La RNR cuestiona que el PPEF 2027 contemple 518.4 millones de pesos para Refugios, frente a los 515 millones aprobados para 2026.

La diferencia equivale a un incremento nominal de 0.66 por ciento, mientras que la inflación proyectada se ubica en 3 por ciento.

Desde la perspectiva de la organización, el aumento no permite conservar el poder adquisitivo de los recursos y puede limitar la capacidad para mantener equipos especializados, responder a una mayor demanda y ampliar la cobertura territorial.

La discusión también involucra la forma en que se identifica y distribuye el presupuesto.

La RNR advierte sobre posibles problemas de trazabilidad del recurso, debido a que los recursos para Refugios aparecen distribuidos en diferentes anexos presupuestarios. Por ello, demanda una identificación clara que permita conocer cuánto dinero se destina efectivamente a estos espacios.

Seis demandas para el PEF 2027

Frente a la discusión presupuestaria, la Red Nacional de Refugios plantea seis prioridades.

La primera es garantizar un incremento real por encima de la inflación. También pide preservar el poder adquisitivo, establecer una partida única y trazable para Refugios y fortalecer su reconocimiento dentro del sistema de cuidados.

A estas demandas suma evitar reducciones en los honorarios del personal especializado y reforzar los mecanismos de transparencia, evaluación y rendición de cuentas.

“No estamos hablando solamente de cifras presupuestarias. Cuando un recurso pierde capacidad real o llega tarde, las consecuencias se trasladan a mujeres, niñas y niños que necesitan protección”, afirmó Figueroa Morales.

La RNR plantea que la suficiencia y continuidad de estos recursos deben considerarse una obligación vinculada con los derechos humanos y no únicamente como una decisión presupuestaria de cada ejercicio fiscal.

El debate presupuestario coincide con foro internacional

La exigencia presupuestaria se desarrolla de manera paralela al XIII Foro Internacional “De la Protección a la Autonomía: Una agenda regional para garantizar los derechos humanos de las mujeres”, organizado por la RNR en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.

El encuentro reúne a representantes de organismos internacionales, organizaciones feministas, sociedad civil, espacios especializados de protección, política fiscal, filantropía y cooperación.

Entre las participantes se encuentran Luz Patricia Mejía Guerrero, secretaria técnica del MESECVI; Sara Raquel Rodríguez, del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA; Dosia Calderón Maydon, representante auxiliar de UNFPA México; Alejandra Alzérreca, de la Oficina Regional de UNFPA para América Latina y el Caribe; y la diputada federal Anayeli Muñoz Moreno.

El Foro también incorporó la voz de Cristina, mujer sobreviviente acompañada por la RNR, quien compartió su experiencia sobre el tránsito de la protección hacia la autonomía.

Las discusiones abordan las brechas entre las obligaciones internacionales de los Estados y las respuestas institucionales, así como los sistemas integrales de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes.

También se analizan la autonomía corporal y digital, los derechos de las mujeres con discapacidad, la política fiscal, la transparencia y la rendición de cuentas.

De los Refugios a la agenda regional

Durante la jornada también se desarrolla el Laboratorio Feminista de Incidencia Regional, con participación de organizaciones de México y otros países de América Latina.

El trabajo se articula alrededor de cuatro ejes: Garantizar, Sostener, Incidir y Transformar.

Las propuestas relacionadas con el PEF 2027 y el financiamiento de los derechos de las mujeres serán sistematizadas por la RNR para entregarlas a la Cámara de Diputados.

Mientras tanto, los acuerdos de alcance regional alimentarán una Agenda Regional Feminista rumbo a la CSW71.

El planteamiento de la organización es que la discusión sobre violencia contra las mujeres no termine en el diagnóstico, sino que se traduzca en decisiones públicas con respaldo presupuestario.

La dimensión de los registros nacionales y la demanda de los Refugios convergen así en un mismo punto: proteger a las mujeres víctimas de violencia requiere recursos suficientes, oportunos, transparentes y capaces de sostener la atención especializada.