La Red Nacional de Refugios alertó sobre el riesgo que enfrenta la operación de refugios para mujeres víctimas de violencia en México, tras la eliminación de la autonomía del Programa de Refugios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, situación que —advirtió— podría afectar la protección y el acceso a la justicia de miles de mujeres.

La organización feminista llevó esta advertencia al plano internacional durante la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), que se realiza en Nueva York, donde participa con una delegación para visibilizar los desafíos que enfrentan las mujeres en México para acceder a protección y justicia.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el país una mujer es asesinada cada tres horas, mientras que 752 mujeres enfrentan diariamente violencia familiar, cifras que reflejan la persistencia de la violencia de género.

Refugios, espacios de protección

Ante este panorama, la Red Nacional de Refugios señaló que los refugios especializados se han convertido en espacios de primera respuesta para mujeres que buscan escapar de situaciones de violencia extrema.

Durante los últimos 24 meses, la organización reportó haber acompañado a 29 mil 604 mujeres a través de más de 70 espacios de protección y atención integral distribuidos en distintas entidades del país.

Estos espacios brindan protección inmediata, atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento en procesos de acceso a la justicia, además de apoyo para la reconstrucción de la autonomía de las mujeres y la protección de sus hijas e hijos.

Exigen presupuesto garante

En el marco de la CSW70, donde uno de los temas centrales es el acceso a la justicia para mujeres y niñas, la organización destacó la necesidad de garantizar financiamiento suficiente para los refugios y fortalecer el papel de las organizaciones que brindan atención a víctimas de violencia.

La Red Nacional de Refugios reiteró que estos espacios forman parte de mecanismos de protección reconocidos en la legislación mexicana, por lo que su funcionamiento depende de contar con presupuesto suficiente, oportuno y con reglas claras de operación.

En este contexto, la organización llamó al Estado mexicano a garantizar recursos suficientes para los refugios, preservar la autonomía del programa y asegurar la participación de organizaciones feministas en la toma de decisiones relacionadas con la protección de mujeres víctimas de violencia.