El modelo de seguridad del Estado de México ya no da para más. A inicios de 2026, la presión de la extorsión, las desapariciones y un sistema de justicia saturado obligaron a rehacer el marco legal en materia de seguridad, investigación criminal e inteligencia.

El rediseño no parte de una percepción política ni de una coyuntura aislada. Parte de un problema que se fue acumulando durante años y que los últimos datos  disponibles dimensionan con claridad.

En 2024, el Estado de México registró una tasa de 34 mil 851 víctimas de delito por cada 100 mil habitantes, la más alta del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI. A nivel nacional, además, 93.2 % de los delitos no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación, lo que mantenía al sistema operando con un subregistro masivo.

En otras palabras: el Estado no estaba viendo ni persiguiendo la mayor parte del delito que ocurría todos los días.

Un problema que lleva años creciendo

El deterioro no ocurrió de un día para otro. Tan solo en un año, el Estado de México abrió más de 109 mil carpetas de investigación por delitos patrimoniales, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El problema no es abstracto ni retórico: está documentado en las propias cifras oficiales. En 2025, el Estado de México concentró miles de víctimas de extorsión, con más de 1,200 denuncias formales registradas en los primeros meses del año, de acuerdo con el SESNSP. Sin embargo, la ENVIPE del INEGI advierte que más del 95 % de los casos de extorsión no se denuncian, lo que revela una cifra negra masiva y confirma que el tamaño real del fenómeno es muy superior al que reflejan los registros oficiales.

El impacto también es evidente en el sector productivo. En 2025, 46.8 % de las empresas en México reportaron haber sido víctimas de algún delito, y entre los ilícitos más frecuentes se encuentra la extorsión y el llamado “cobro de piso”, de acuerdo con encuestas de organismos empresariales.

Con esa carga de trabajo, el sistema de procuración de justicia opera desde hace años con policías con participación limitada en las investigaciones, ministerios públicos saturados y una justicia que acumula expedientes sin cerrar. En los hechos, un sistema estructuralmente rebasado.

Cuando la extorsión se vuelve control territorial

Uno de los síntomas más claros de ese colapso institucional es la extorsión. En 2024, la Fiscalía del Estado de México registró 1,658 denuncias formales por este delito. Pero con una cifra negra superior al 90 %, el número real de víctimas es, en los hechos, varias veces mayor.

La extorsión dejó de ser solo llamadas telefónicas. En muchas zonas se convirtió en “cobro de piso”, es decir, en un mecanismo de control económico y territorial sobre comercios, transporte y mercados locales.

Desapariciones: el otro frente que exhibe las fallas del Estado

A este escenario se suma la crisis de personas desaparecidas. En México hay más de 100 mil personas no localizadas en los registros oficiales, y el Estado de México es una de las entidades que más casos concentra.

Durante años, las familias enfrentaron búsquedas lentas, instituciones descoordinadas y procesos que dependían más de la presión social que de la capacidad real del Estado.

Policías que no investigan y un sistema que no cierra casos

El problema no es solo cuántos delitos ocurren, sino cómo se investigan. El modelo anterior concentraba casi todo en el Ministerio Público, dejando a las policías en un papel limitado.

El resultado fue un sistema con muchas carpetas abiertas y muy pocas sentencias.

Aunque en 2025 las autoridades reportaron una reducción en homicidios —de alrededor de siete a tres casos diarios—, el rezago acumulado en investigación y atención a víctimas sigue siendo enorme.

Qué cambia en las reglas del juego

En términos jurídicos, el rediseño no fue retórico. El Congreso del Estado de México expidió la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados del Estado de México, un nuevo ordenamiento que tipifica y diferencia modalidades como el “cobro de piso” y fortalece las herramientas de investigación sobre este delito.

De manera paralela, se aprobaron reformas a la Ley de Seguridad del Estado de México, al Código de Procedimientos Penales y a diversos ordenamientos en materia de búsqueda de personas, con el objetivo de:

• Ampliar y precisar las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad.

• Formalizar la participación de las policías estatales y municipales en la investigación de los delitos, bajo la conducción del Ministerio Público.

• Reforzar los mecanismos de coordinación interinstitucional.

En conjunto, el paquete legislativo redefine la operación del sistema de seguridad y justicia en la entidad en al menos seis frentes:

• Creación de una ley específica para combatir la extorsión, incluyendo el “cobro de piso”.

• Fortalecimiento de las funciones de inteligencia de la Secretaría de Seguridad.

• Incorporación formal de las policías a la investigación de los delitos.

• Reordenamiento de la coordinación en materia de búsqueda de personas.

• Reconocimiento legal de las mesas de paz como instancias operativas.

• Impulso a la profesionalización y certificación policial.

El mensaje de fondo: admitir lo que ya no funciona

La presidenta de la Directiva del Congreso, Martha Azucena Camacho, lo resumió así: la Legislatura no está para “perpetuar inercias”.

Traducido a los hechos: si hubo que rehacer las leyes, es porque el modelo anterior ya estaba rebasado por la realidad.

La prueba real no está en la ley, sino en la calle

Con una entidad que concentra uno de los mayores volúmenes de delitos del país y con una cifra negra superior al 90 %, el reto no es menor.

El cambio legal es apenas el primer paso. La verdadera pregunta es si ahora sí el Estado de México logra investigar más, castigar más y dejar impunes menos delitos.

Porque el problema no es solo de leyes. Es —y sigue siendo— de capacidad real del Estado para enfrentar al delito.