A casi un año de la despenalización del aborto en el Estado de México, el servicio continúa siendo prácticamente inaccesible para la mayoría de las mujeres, especialmente en municipios rurales donde el servicio no está disponible y en zonas urbanas donde el acceso se enfrenta a filtros administrativos, objeción de conciencia, falta de personal capacitado y criterios discrecionales dentro de clínicas y hospitales públicos.

Este diagnóstico fue expuesto por Lizbeth García Dimas, integrante de la Red de Psicólogas Feministas MX, durante el balance que colectivas y acompañantes realizaron sobre la implementación real del derecho.

El estigma social persiste pese a la reforma

García Dimas señaló que, aunque la despenalización eliminó sanciones penales, no borró el estigma social que históricamente ha recaído sobre quienes deciden abortar.

Muchas mujeres siguen viviendo violencia simbólica y psicológica: son juzgadas, señaladas o presionadas para desistir”, afirmó.

Ese estigma se traslada también a las instituciones, donde aún se registran:

• tratos discriminatorios,

• juicios morales,

• actitudes de resistencia,

• e incluso presiones para que las mujeres desistan del procedimiento.

Desinformación comunitaria y brechas informativas

En el ámbito comunitario, persiste la desinformación sobre las rutas seguras, los procesos y los derechos.
No todas saben que pueden acudir a un servicio de salud sin ser criminalizadas, lo que genera miedo, incertidumbre y aislamiento.

Por ello, el trabajo de las acompañantes sigue siendo indispensable para que ninguna mujer transite sola un proceso que debería ser sencillo, seguro y digno.

Las mayores barreras están en las instituciones de salud

El eje institucional fue identificado como el núcleo del rezago. A un año de la reforma:

• No existe una red estatal robusta de clínicas que garanticen un aborto seguro, gratuito y accesible.

• No hay capacitación obligatoria y transversal para el personal de salud, lo que deriva en tratos discriminatorios, negación del servicio y revictimización.

• La objeción de conciencia se usa de forma indiscriminada, convirtiéndose en una barrera sistemática.

• No hay una ruta de atención clara y homologada, por lo que muchas mujeres son enviadas de un hospital a otro o se les piden requisitos que la ley no contempla.

García Dimas sintetizó este escenario:
La despenalización en el Código Penal no basta si no se acompaña de políticas públicas reales, presupuesto, capacitación y voluntad institucional.”

La objeción de conciencia, un obstáculo sistemático

Este fue uno de los puntos más enfatizados por las organizaciones.
Aunque la objeción de conciencia debería ser excepcional e individual, en la práctica opera como:

• objeciones de turno completo,

• negativas sin registro,

• filtros para evitar brindar el servicio,

• y dilaciones que ponen en riesgo la salud y la dignidad de las usuarias.

Para las colectivas, esta práctica afecta sobre todo a mujeres jóvenes, de escasos recursos y de zonas con poca infraestructura médica, profundizando desigualdades que contradicen el espíritu de la reforma.

El acceso real sigue dependiendo del lugar donde se vive

Retomando lo expresado en el evento, García Dimas advirtió que la autonomía reproductiva no puede depender del código postal, pero hoy el acceso al servicio sigue condicionado por:

• si el hospital tiene personal capacitado,

• si las personas de turno objetan o no,

• si existe disposición interna para brindar el servicio,

• y si la información proporcionada es clara y libre de estigma.

La desigualdad territorial sigue siendo uno de los principales rezagos.

Falta de claridad en rutas y procedimientos

Otro punto recalcado fue la ausencia de lineamientos públicos y homologados. Las mujeres enfrentan información dispar según el hospital, lo que genera incertidumbre y propicia rutas improvisadas, sin certeza sobre los pasos a seguir.

Sin un protocolo estatal, cada usuaria transita un camino distinto, lo que incrementa la vulnerabilidad en un proceso que debe ser claro.

El acompañamiento comunitario cubre los vacíos institucionales

Las organizaciones feministas han sostenido la atención donde el Estado no ha logrado garantizarla.
Son ellas quienes:

• orientan,

• informan,

• acompañan psicológicamente,

• y facilitan rutas seguras.

Mientras no exista una red estatal sólida, este acompañamiento seguirá siendo determinante.

A un año, lo que aún no se cumple

Las colectivas insistieron en tres prioridades que deben atenderse de inmediato:

1. Crear y fortalecer clínicas públicas de aborto seguro en todo el Estado de México, incluidas zonas rurales.

2. Regular efectivamente la objeción de conciencia para impedir su uso como barrera sistemática.

3. Implementar un modelo integral de atención, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y acompañamiento psicológico libre de estigma.

A un año, seguimos exigiendo acceso real, no solo en papel”, reiteró García Dimas.