Mientras la percepción de inseguridad en el Estado de México se mantiene elevada, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó su Agenda Legislativa 2025, con énfasis en fortalecer la seguridad pública y la aplicación de la ley.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, 63.2 % de la población de 18 años y más consideró en junio de 2025 que vivir en su ciudad es inseguro.

En este contexto, el coordinador del grupo parlamentario, Elías Rescala Jiménez, afirmó que la agenda responde a la principal preocupación ciudadana.

Agenda del PRI: propuestas de seguridad en Edomex

La propuesta del Revolucionario Institucional  se centra en reforzar la seguridad pública y garantizar la aplicación de la ley, con el objetivo de atender la creciente percepción de inseguridad en el Estado de México.

Entre los puntos anunciados destacan:

• Fortalecimiento de las policías municipales y estatales, con énfasis en proximidad social y protocolos de denuncia.
• Mayor coordinación interinstitucional entre Estado, municipios y Federación, para cerrar vacíos en operativos de seguridad.
• Reformas al sistema penitenciario, con el objetivo de mejorar condiciones, profesionalización y control en los centros de reclusión.
• Mecanismos de participación ciudadana en vigilancia y denuncia, como parte de la estrategia para recuperar confianza en autoridades.
• Atención integral a víctimas del delito, con ajustes normativos que refuercen su protección.

Rescala Jiménez detalló que el propósito es cerrar la brecha entre la percepción social y la efectividad institucional, mediante la modernización de procesos, la mejora de protocolos y una asignación más eficiente de los recursos en materia de seguridad.

Lo que sigue en la Legislatura mexiquense

El partido tricolor apuesta a que su agenda logre posicionar a la bancada como promotora de soluciones en uno de los temas más sensibles para el Estado de México.

La discusión en comisiones y el acompañamiento de otros grupos parlamentarios será clave para definir si estas iniciativas se convierten en leyes operativas o permanecen como planteamientos de coyuntura.