El Poder Judicial del Estado de México enfrenta un cambio sin precedentes. La reforma judicial, promulgada el 5 de enero de 2025, ya entró en vigor. Este modelo propone que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular a partir de septiembre de 2025.

Aunque se busca acercar la justicia a la ciudadanía, los riesgos de politización y pérdida de independencia generan dudas entre expertos y actores del sistema judicial.

Fernando Díaz Juárez, al frente del cambio

Fernando Díaz Juárez, designado presidente interino del Tribunal Superior de Justicia, liderará esta transición. Su trayectoria política, vinculada al priismo y figuras como Humberto Benítez Treviño, ha provocado críticas y cuestionamientos sobre su imparcialidad.

La Legislatura local aprobó su nombramiento bajo la condición de que implemente la reforma sin trabas. Según los artículos transitorios, el Congreso puede removerlo si obstaculiza las medidas de transición. Este control directo busca garantizar que los cambios no se desvíen de su objetivo.

¿Democratización o riesgo político?

El voto popular de jueces y magistrados divide opiniones. Para algunos, representa un avance democrático. Sin embargo, especialistas alertan sobre el riesgo de que intereses partidistas influyan en la selección de los encargados de impartir justicia.

Además, el sistema deberá equilibrar las nuevas reglas con la formación y la experiencia que estos cargos exigen. Los próximos meses serán decisivos para definir cómo se implementará el modelo.

Un camino con obstáculos

Díaz Juárez tendrá que garantizar una transición ordenada. También deberá demostrar que el Poder Judicial puede adaptarse sin comprometer la calidad de su labor.

La reforma judicial del Edomex abre nuevas posibilidades, pero también plantea dudas sobre si este cambio será realmente un beneficio para la ciudadanía o un experimento político que complique aún más el acceso a la justicia.