La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura del Estado de México aprobó una reforma propuesta por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la cual busca fortalecer y modernizar el sistema de vigilancia de medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso penal.

Este avance tiene como objetivo garantizar un sistema de justicia penal más eficiente y seguro.

El dictamen, presentado por la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT), subraya la necesidad de contar con un marco legal que permita evaluar, de manera precisa, el nivel de riesgo que representan los imputados en libertad durante un proceso penal.

Asimismo, esta evaluación garantizará que las medidas cautelares aplicadas sean proporcionales y adecuadas, en línea con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Un marco legal más robusto

La reforma introduce modificaciones importantes a la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso en el Estado de México. Estas incluyen:

1. Evaluación de riesgos: Un sistema para identificar con claridad el nivel de peligro que puede representar un imputado.

2. Supervisión efectiva: Herramientas más detalladas para garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas por los jueces.

3. Fortalecimiento institucional: Nuevas estrategias para mejorar la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad estatal, especialmente en el seguimiento de estas medidas.

Por otro lado, la reforma también destaca la importancia de optimizar la planeación de actividades relacionadas con el monitoreo de imputados. Esto será fundamental para lograr un mejor desempeño institucional.

Impacto en la seguridad pública

De aprobarse en el Pleno, este cambio normativo no solo mejorará el funcionamiento del sistema judicial, sino que también contribuirá a fortalecer la percepción de seguridad en la entidad. Por ejemplo, al establecer métodos más efectivos para el control de imputados, se reducirá el riesgo de reincidencia o evasión de la justicia.

Próximos pasos

Ahora que el dictamen fue aprobado en comisiones, será turnado al Pleno para su discusión y, eventualmente, su aprobación definitiva.

Durante este proceso, se espera que se profundice en los retos y oportunidades que representa esta reforma para la justicia penal en el Estado de México.

Este avance legislativo se da en un contexto donde la ciudadanía exige acciones claras y eficaces para garantizar tanto la seguridad pública como la correcta administración de justicia.