El Congreso del Estado de México aprobó modificaciones a las tarifas de agua para 21 municipios en 2025, un tema que evidenció tensiones entre los legisladores sobre cómo equilibrar la recaudación con los derechos de la ciudadanía.

Aunque los ajustes buscan actualizar los ingresos municipales, el impacto en las economías familiares y las deficiencias en el suministro de agua marcaron la discusión.

En 19 municipios, como Toluca, Naucalpan y Tecámac, las tarifas se ajustarán conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Sin embargo, para Nicolás Romero se autorizó un aumento en las tarifas del tres punto cinco, mientras que en Atizapán de Zaragoza se aplicarán incrementos diferenciados para el sector industrial: dos puntos con medidor y siete puntos sin él.

El debate inició con críticas de Octavio Martínez Vargas, diputado de Morena, quien señaló que Ecatepec enfrenta una crisis hídrica debido a deudas con trabajadores y una pésima gestión del suministro.

Propuso una reclasificación de tarifas en este municipio, argumentando que la ciudadanía no puede seguir pagando por servicios que no recibe.

Valentín Martínez Castillo advirtió que los incrementos no deben convertirse en una herramienta de saneamiento financiero para los municipios, pues las familias ya enfrentan dificultades económicas.

En el mismo sentido, Samuel Hernández Cruz llamó a los ayuntamientos a regularizar el pago de derechos a nivel estatal y federal, pero también a priorizar la calidad del servicio como eje para cualquier ajuste tarifario.

Desde el Partido Verde, Miriam Silva Mata destacó que el marco jurídico actual no responde a la realidad hídrica y pidió un endurecimiento de las normas para garantizar el acceso al agua. Sin embargo, su compañera de bancada, Nelly Brigida Rivera Sánchez, fue más allá al proponer que un porcentaje de lo recaudado se destine exclusivamente al mantenimiento de las líneas de conducción, donde se pierden miles de litros de agua por fugas.

El Partido Revolucionario Institucional,  representado por Leticia Mejía García, cuestionó directamente la estrategia de aumentos tarifarios, señalando que la solución no está en cobrar más, sino en mejorar la recaudación mediante un servicio eficiente que genere confianza en la ciudadanía.

Por otro lado, legisladores como Vladimir Hernández Villegas defendieron la posibilidad de realizar mejoras significativas con los recursos existentes si se aplican principios de austeridad republicana.

El llamado a mesas de trabajo y una mejor planeación de los recursos fue una constante en las intervenciones.

La discusión dejó entrever la falta de consenso sobre cómo abordar un problema estructural que afecta a millones de mexiquenses:

Mientras los ayuntamientos buscan mayores ingresos para enfrentar sus propios rezagos, el costo de esas decisiones sigue recayendo en una población que, en muchos casos, ni siquiera recibe agua potable con regularidad.

La aprobación de estos ajustes representa un paso hacia la actualización del sistema hídrico, pero el reto central sigue siendo garantizar que los cambios no perpetúen la desigualdad en el acceso al agua, uno de los derechos más básicos y esenciales.