La LXII Legislatura del Estado de México inició este lunes el análisis de una reforma judicial que busca transformar el sistema de justicia local.

En comisiones unidas, el diputado Octavio Martínez Vargas, del partido Movimiento Regeneración Nacional, propuso reducir de 15 a 9 años el periodo de jueces y magistrados, además de permitir que estos sean electos por voto popular durante las elecciones legislativas estatales.

«Es urgente garantizar un sistema judicial transparente y legítimo que responda a las necesidades de la ciudadanía», señaló Martínez Vargas, quien también propuso la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y un Consejo de Administración Judicial para supervisar la ética y la gestión financiera del Poder Judicial.

Propuestas clave y demandas de transparencia

El legislador destacó la necesidad de limitar los salarios de jueces y magistrados para que no excedan los ingresos del presidente de la República.

Además, pidió mayor transparencia en las convocatorias del Consejo de la Judicatura, calificándolas de inadecuadas y contrarias al mandato constitucional.

La propuesta ha generado opiniones divididas. Omar Ortega Álvarez, coordinador del Partido de la Revolución Democrática, expresó preocupación por los costos asociados a la elección, las indemnizaciones a jueces salientes y los retos para aplicar la paridad de género en el proceso.

Por su parte, las legisladoras Ana Yurixi Leyva Piñón, del Partido del Trabajo, y Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, coincidieron en la necesidad de mayor claridad y en informar a los integrantes de las comisiones legislativas sobre la participación de actores externos en los debates.

Respaldo interinstitucional

El magistrado Ricardo Sodi Cuellar calificó la reforma como viable y adecuada, y se comprometió a colaborar en su implementación. Subrayó que esta iniciativa se desarrolla en un contexto de colaboración positiva entre los poderes.

Amalia Pulido Gómez, presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, aseguró que el organismo está preparado para organizar la elección en 2025. Sin embargo, pidió que se establezcan mecanismos claros y transparentes para garantizar un proceso eficiente.

Con estos planteamientos, la reforma judicial se posiciona como un tema central en la agenda legislativa, al buscar democratizar el acceso a la justicia y reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.