No quieren buscar a nuestras víctimas, denuncian

Sin presupuesto ni respaldo institucional, la búsqueda de personas desaparecidas en el Estado de México se vuelve un derecho negado, acusaron integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas.

El paquete económico para 2021 no prevé un presupuesto claro y concreto para fortalecer a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, pese a las promesas hechas por Rodrigo Espeleta Aladro, secretario de Justicia y Derechos Humanos del gobierno estatal.

Y al mismo tiempo la propuesta de reformas a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) pone en riesgo la responsabilidad de las fiscalías estatales para cumplir su misión en esta materia.

“Yo no busco, sólo investigo” sería el argumento que las fiscalías estatales utilizarían para no involucrarse en labores de búsqueda de personas desaparecidas si es que el Senado de la República aprueba las reformas a la FGR, denunciaron.

Apenas el 1 de diciembre pasado el Gobierno del Estado de México presumió la instalación del mecanismo de búsqueda de personas, del que Espeleta Aladro presumió que  “tiene que servir para ponernos a trabajar, para que mejoremos capacidades, para que nos señalen incluso dónde ven ustedes errores, espacios de oportunidad, tengan la certeza de que todos los días hacemos nuestro mejor esfuerzo para atender nuestras responsabilidades y, por supuesto, las funciones de este mecanismo no serán la excepción”.

Tres semanas después el Consejo Ciudadano le recuerda al secretario de Justicia y Derechos Humanos que en los hechos no cumple su palabra.

Ese mismo día, Alejandro Gómez Sánchez, fiscal general de Justicia del Estado de México dijo que “seguiremos en la primera línea de batalla, sin lugar a dudas, seguiremos atendiendo lo que nos corresponde hacer y estoy seguro que lo vamos a hacer muy bien a partir de la coordinación que se está generando en este mecanismo y con la participación y la exigencia de rendición de cuentas y transparencia por parte del Consejo Ciudadano”.

En los hechos

El proyecto de presupuesto 2021 no le da recursos suficientes a laComisión Estatal de Búsqueda de Personas, que apenas cuenta con una plantilla de 80 funcionarios y funcionarias, que se encargan de buscar a siete mil 760 personas desaparecidas en la entidad.

El personal que labora en la Comisión de Búsqueda usa sus propios recursos económicos y materiales para trasladarse a diferentes zonas de la entidad, porque el gobierno del Estado no ha cumplido con la adquisición de equipo especializado, de comunicación o siquiera automóviles.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México no cuenta tampoco con personal especializado ni ministerios públicos capacitados en materia de desaparición forzosa.

De acuerdo con un informe de la organización Impunidad Cero, en el Estado de México hay 2.1 peritos forenses por cada cien mil habitantes y no necesariamente son expertos en antropología forense, genética o en otras áreas relacionadas a la búsqueda.

En la entidad tampoco existe un registro de fosas clandestinas donde se encuentren cadáveres ni tampoco protocolos suficientes ni instalaciones para la identificación de estas personas asesinadas.

Revictimización y criminalización

A la falta de respuesta institucional se suma la permanente criminalización y revictimización de las familias que han perdido a alguien, denunciaron las y los consejeros ciudadanos de la comisión de búsqueda.

Algunas familias han sido obligadas a desplazarse ante las amenazas de grupos de poder relacionados con la desaparición de sus seres amados.

Dijeron que pese al discurso oficial no hay voluntad de dar acompañamiento legal, médico ni sicológico a las víctimas ni se les ha garantizado el acceso a la justicia, la reparación del daño ni a las garantías de no repetición.

En lo que va de 2020 en el Edomex han desaparecido mil 398 personas, de las cuales el 60 por ciento son mujeres.

Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Chalco y Chimalhuacán son los cinco municipios donde más desapariciones se han reportado; lista que coincide también con los municipios que registran la mayor cantidad de feminicidios.

Andrés A. Solis

Periodista desde 1989. Ha trabajado en medios impresos, radio, televisión y tiene más de 20 años de experiencia en medios digitales. Ha sido docente en la Escuela de Periodismo "Carlos Septién García" y en diplomados especializados en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad de las Américas de Puebla. Ha sido instructor en el Centro de Formación en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara. Autor del Manual de Autoprotección para Periodistas y la Guía de Buenas Prácticas para la Cobertura Informativa sobre Violencia.

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