Opinión Rúbrica

Se acabó la parranda del duartismo

Aurelio Contreras
Escrito por Aurelio Contreras

Finalmente, desde Los Pinos tomaron la decisión de frenar los ofensivos planes de fuga de los gobernadores priistas señalados por actos de corrupción y saqueo de las arcas públicas.

El anuncio conjunto entre la Procuraduría General de la República y la Presidencia, dando a conocer la presentación de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra los “blindajes” promovidos por los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y Quintana Roo, Roberto Borge, no fue sino el “manotazo” del hartazgo del presidente Enrique Peña Nieto, que tuvo que entrar -después de que se le demandara durante años, aunque con especial énfasis en las últimas semanas- a poner en orden a estos dos mandatarios, que en desplantes de rampante cinismo pretendían “irse de huida” dejando a sus sucesores imposibilitados para emprender acciones legales en su contra.

El caso de Veracruz y Javier Duarte destaca invariablemente. Desde hace semanas eran varias las señales de que Veracruz se había convertido en un dolor de cabeza interminable para el Gobierno Federal y que habían decidido tomar acciones contundentes. Desde las nuevas denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por peculado, hasta los anuncios del Sistema de Administración Tributaria en el sentido de que iniciaría procesos contra funcionarios del gobierno estatal por “incompatibilidades” detectadas entre sus ingresos y su patrimonio, así como por las empresas “fantasma” que cobraron millonadas sin prestar servicio alguno.

En el mismo contexto y coyuntura salieron a relucir las investigaciones por presunto lavado de dinero que se realizan en Costa Rica en contra de uno de los más fuertes candidatos a ocupar una celda en el penal de Pacho Viejo en las semanas por venir: el ex tesorero estatal, ex oficial mayor de la Secretaría de Educación y actual diputado local electo por San Andrés Tuxtla, Vicente Benítez González, uno de los símbolos de la corrupción del sexenio.

Sin salida, tras el anuncio de las acciones de inconstitucionalidad en contra de su “blindaje” Javier Duarte dobló las manos. Pidió al Congreso del Estado declarar desierta la convocatoria para nombrar al Fiscal anticorrupción y dio a conocer que los aspirantes a magistrados del Tribunal Superior de Justicia para esa misma área, la del combate a la corrupción, habían “declinado” y que no enviaría una nueva terna a la LXIII Legislatura. La intentona de cubrirse la espalda en su salida del gobierno ha abortado definitivamente.

De igual manera, trascendió la noche de este lunes que en la sesión de la LXIII Legislatura de este martes 12 de julio sería retirada la iniciativa de basificación de más de 24 mil empleados de confianza de la administración estatal, así como otra en la que buscaba derogar la disposición sobre la gratuidad en estacionamientos de centros y plazas comerciales.

Aún está pendiente saber lo que sucederá con el tema del pago de los adeudos del gobierno estatal a proveedores con recursos del impuesto de tres por ciento a la nómina, que también está en manos del Congreso y de donde ya se desprendió una lista de medios de comunicación a los que se les pretende pagar la friolera de 400 millones 146 mil 820 pesos, sin acreditar para ese efecto ni siquiera su registro federal de contribuyentes.

Con el agua hasta el cuello, pues varios de ellos están implicados en los desvíos de recursos del presente y el anterior sexenio, los diputados federales veracruzanos del PRI y el PVEM emitieron un pronunciamiento en el que manifestaron apoyar “de manera incondicional” al todavía gobernador Javier Duarte, a quien dicen que acompañarán “hasta la conclusión de su encargo constitucional el 30 de noviembre de 2016”.

Pero Javier Duarte no parece estar pensando en lealtades para con los suyos. En el momento en que se escribían estas líneas, publicó en su cuenta de Twitter que “respecto de los señalamientos contra Vicente Benítez, si cometió alguna ilegalidad soy el más interesado en que la FGE (Fiscalía General del Estado) actúe conforme a derecho”.

O lo que es lo mismo, de aquí en adelante, sálvese quien pueda. Se acabó la parranda del duartismo.

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