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Gobierno de Tamaulipas viola derechos humanos y encarcela a inocentes

Redacción
Escrito por Redacción

* Francisco García Cabeza de Vaca y la Fiscalía General del Estado fabricaron culpables para “esclarecer” el asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez.* Cinco inocentes están en prisión por el testimonio de un testigo que habría cobrado la recompensa ofrecida por el mandatario; uno más murió sin atención médica

A más de 15 meses del asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, cometido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el gobierno del Estado que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca sólo ha violado los derechos de seis personas y ha vulnerado los de sus familias, pues la Fiscalía General de Justicia no ha presentado las pruebas que demuestren su culpabilidad y por el contrario, encontró un testigo sospechoso, cuyos dichos han sido la única prueba para encarcelar a probables inocentes.

De las seis personas detenidas por el asesinato del periodista, una de ellas murió por habérsele negado su derecho a recibir atención especializada en la torre médica del penal donde se encontraba recluida y falleció cuando era trasladado tardíamente al hospital.

Durante las detenciones no fueron presentadas las órdenes de aprehensión y en el caso de dos de los detenidos, fueron sacados de sus domicilios en el Estado de Zacatecas de manera violenta y por comandos de hombres armados que nunca se identificaron como pertenecientes a ninguna corporación policial. En el proceso hubo amenazas de declararse culpables o habría represalias.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ha basado su caso en el testimonio de un solo testigo que en 2015 enfrentó proceso penal por el delito de secuestro, cuando se desempeñaba como policía acreditable en el Estado de Tlaxcala.

En 2015 el equipo legal del testigo clave de la fiscalía estuvo integrado por el hoy director general de Procedimiento Penal y Acusatorio Oral de la Fiscalía tamaulipeca, Natanael Isaí Castelán Iturría y Jorge Alberto Lara Rivera, quien fuera subprocurador de la Procuraduría General de la República y era jefe del actual procurador estatal Irving Barrios Mojica.

Ante estas y otras irregularidades que han dado paso a violaciones a las garantías individuales, a la presunción de inocencia y al debido proceso en contra de seis personas, familiares han pedido la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno para que ayude a aclarar esta situación y en su caso atraiga la investigación.

De estos hechos hay que agregar que el pasado 14 de mayo fue presentada ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una demanda de juicio político en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por fabricar un testigo para incriminar a personas inocentes por el asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez.

Igualmente el pasado 21 de mayo, David Mejía Bravo, uno de los acusados de haber cometido el asesinato, presentó una denuncia formal en contra de funcionarios de la Fiscalía General de Justicia por haberlo engañado y haberse confabulado para culparlo de un crimen que no cometió y por el cual fue violentamente detenido en su domicilio en Zacatecas y se encuentra preso desde marzo de 2018.

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